Una polémica ley a favor de manifestantes agita el debate político en Bolivia

La propuesta de una ley para proteger a quien sea perseguido por las últimas protestas sociales en Bolivia agitó este martes el debate político entre quienes denuncian que no existe Estado de Derecho en el país y los que critican que solo persigue la impunidad de los que alteraron el orden público.

La diputada Betty Yañíquez, jefa de bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, presentó una propuesta de norma denominada “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social”.

La ley propuesta busca “ratificar” derechos fundamentales que consagran la Constitución boliviana y los tratados internacionales en la materia suscritos por el país, para que no se pueda procesar penal ni civilmente a quienes participaron en protestas entre julio y agosto pasados, cuando hubo movilizaciones de maestros en contra del fin adelantado del curso escolar y de distintos colectivos contrarios al retraso de las elecciones, entre otras.

El texto cita expresamente que no se podrá ir contra “líderes sociales” ni “dirigentes sindicales”, además de que quienes ya fueron procesados deberán quedar libres.

Yañíquez criticó ante los medios en La Paz que en Bolivia se vive un “estado de no derecho”, por lo que se hizo “necesario” presentar este proyecto de ley, para no “criminalizar ni penalizar a todos”.

El jefe de la bancada del MAS en el Senado boliviano, Efraín Chambi, anunció que la Asamblea Legislativa, con mayoría de ese partido, conformará una comisión de “derechos humanos y justicia” para que investigue la situación jurídica de los detenidos en las protestas para garantizar “la objetividad e imparcialidad de las investigaciones”.

Esas movilizaciones entre el 3 y el 14 de agosto estaban convocadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos de campesinos e indígenas considerados afines al MAS, en contra del nuevo aplazamiento de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, pues ya fueron pospuestas del 3 de mayo por la emergencia sanitaria ante la COVID-19.

El Gobierno interino de Bolivia denunció que causaron un perjuicio a la economía por unos mil millones de dólares, con bloqueos en carreteras que provocaron desabastecimiento de insumos médicos como oxígeno medicinal, con al menos cuarenta enfermos fallecidos, y falta de alimentos.

El Ejecutivo transitorio interpuso una demanda penal en contra de miembros del MAS como el propio Morales, que está en Argentina, y el dirigente de la COB Juan Carlos Huarachi, entre otros, por delitos como genocidio.

LA CONTROVERSIA POR LA PROPUESTA

A juicio del viceministro interino de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, este proyecto es “inconstitucional” y pretende la impunidad de dirigentes que “incitaron el bloqueo”, según un boletín del Ministerio de Gobierno (Interior).

Santamaría advirtió que el Gobierno transitorio acudirá al Tribunal Constitucional porque “no se permitirá la impunidad”, y recordó que es una norma aprobada en el anterior Gobierno de Evo Morales la que “regula la portación de armas y explosivos en contra de las fuerzas de orden y seguridad interna”.

El Ejecutivo transitorio denuncia que grupos de manifestantes llevaban armas de fuego en varias partes del país.

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos calificó este proyecto como la “ley de la muerte” y rechazó que se intente proteger “a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Una ley aprobada por el Parlamento con mayoría del MAS y promulgada por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, algo raro en los últimos meses pues se suelen rechazar mutuamente sus iniciativas, da margen a que las elecciones sean antes del 18 de octubre con el ánimo de calmar la tensión política y social en el país, aunque el órgano electoral, que convoca los comicios, insiste en que no es posible antes por la pandemia.

EFE