Un juez de Florida (EEUU) se mostró este viernes a favor de ampliar a “demanda colectiva” un proceso legal de 58 inmigrantes contra tres centros de detención del estado por los riesgos de COVID-19, pero dijo que es “inapropiada” la liberación de todos los detenidos.
El magistrado Jonathan Goodman hizo este viernes ambas recomendaciones a la jueza federal Marcia Cooke, que preside el caso, y que declaró el pasado 30 de abril que los centros de detención de Krome, Glades y Broward incumplían con los protocolos ordenados por las autoridades sanitarias federales para frenar la pandemia.
Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe, Goodman argumentó que los demandantes “abogaron por la liberación inmediata de todos los detenidos, pero reconocieron que cualquier procedimiento de liberación implicaría inevitablemente una priorización de qué personas deben ser liberadas primero”.
“Dados los inevitables factores específicos de los detenidos que deben considerarse en cualquier decisión de liberación, el recurso de amparo de los peticionarios para la liberación inmediata es inapropiado en una demanda colectiva”, señaló Goodman.
El magistrado además recordó que Cooke permitió que ICE “transfiera a detenidos de las tres instalaciones en cuestión”, pero solo después de “evaluar primero a cada detenido y tomar una determinación” de su elegibilidad.
Pero, señaló, que dicha orden no instó a ICE a proporcionar al tribunal o a los abogados demandantes “copias de formularios utilizados para evaluar a los detenidos para su posible liberación”.
La jueza Cooke ordenó el pasado 30 de abril la reducción en un 75 % de los detenidos en los tres centros, con la opción de liberar a aquellos que sean elegibles, pero ICE ha optado principalmente por transferirlos a otros centros del país.
Entre tanto, los abogados han denunciado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está “incumpliendo” las órdenes sanitarias de la jueza Cooke.
“En lugar de mejorar la situación, las transferencias apresuradas de ICE fuera de estas instalaciones sirven para someter a las personas transferidas a riesgos adicionales de contraer COVID-19”, subrayan.
La demanda, apoyada entre otros por el Southern Poverty Law Center (SPLC), representa por ahora a 58 inmigrantes, pero se ampliará en caso de que la jueza Cooke siga la recomendación del magistrado Goodman.
El proceso legal busca la liberación no solo de los 58 demandantes, sino de unos 1.400 detenidos en riesgo de contraer el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, segúan han señalado los demandantes.
“Es importante tener en cuenta que los peticionarios en el presente caso son meramente detenidos civiles, no presos criminales condenados”, recalcó la jueza en su fallo del 30 de abril.
En Florida, que avanza en la primera fase de reapertura económica desde el pasado 4 de mayo, se han presentado desde el 1 de marzo más de 54.400 casos confirmados de COVID-19 y al menos 2.413 muertes, según el Departamento de Salud estatal.
EFE
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