El tribunal que juzga al dirigente opositor venezolano Leopoldo López rechazó hoy la solicitud de puesta en libertad realizada por su defensa, con base en la recomendación del grupo de trabajo de la ONU que pidió su “inmediata liberación”, informó la esposa del político, Lilian Tintori.
La petición de puesta en libertad fue presentada por el equipo legal que defiende a López ante el Tribunal número 28 de Caracas el pasado 10 de octubre, un día después de que se conociera la recomendación del grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de La ONU.
Este grupo consideró que las detenciones de Leopoldo López y de Daniel Ceballos (exalcalde de San Cristóbal), a raíz de las protestas antigubernamentales de febrero, fueron “arbitrarias” y recomendó a las autoridades venezolanas su “puesta en libertad inmediata”.
El tribunal que, según la defensa, debía pronunciarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la consignación del recurso, no había respondido desde entonces porque estuvo sin operar hasta ayer, excepto para celebrar audiencias de juicio.
López se negó a acudir a las audiencias, en tres oportunidades, hasta que el Tribunal no emitiera un pronunciamiento sobre la resolución del grupo de trabajo de la ONU.
Según los medios locales, la jueza Susana Barreiros negó la solicitud hecha ante el tribunal, por considerar que el grupo de trabajo de la ONU no está contemplado en los pactos internacionales, y por tanto no es vinculante.
Barreiros recalcó, además, que López fue detenido con una orden judicial y se cumplieron los pasos legales, negando con ello que su detención fuese arbitraria como sostenía el grupo de trabajo de la organización internacional.
El tribunal convocó para el próximo 18 de noviembre una nueva audiencia del juicio de López y los cuatro estudiantes junto a los que está siendo juzgado por su supuesta responsabilidad en la violencia desatada durante una marcha antigubernamental en Caracas a principios de año, que se saldó con tres muertos y decenas de heridos y detenidos.
El también líder del partido Voluntad Popular está acusado de los delitos de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio.
Después de esa jornada de protestas comenzó en el país una ola de manifestaciones antigubernamentales que se prolongó durante cuatro meses y dejó 43 muertos, además de cientos de personas heridas y detenidas. EFE
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