Foto de cortesía.
El Gobierno de Ecuador anunció una modificación en la política arancelaria aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, al reducir la tasa de seguridad del 100 % al 75 %, en una decisión que busca disminuir la tensión comercial y abrir espacio a la cooperación bilateral entre ambos países.
La medida fue confirmada por la Presidencia ecuatoriana y comenzará a regir el 1 de junio de 2026, en un contexto marcado por recientes incrementos progresivos del arancel que habían elevado significativamente los costos de ingreso de productos colombianos al mercado ecuatoriano.
Apertura hacia cooperación en seguridad
Según el pronunciamiento oficial, este ajuste se enmarca en la intención del gobierno de Daniel Noboa de “avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad”, especialmente en temas relacionados con el control fronterizo y la lucha contra economías ilegales en la zona limítrofe.
El anuncio también coincide con un escenario político sensible en Colombia, ya que la entrada en vigor de la reducción se dará un día después de las elecciones presidenciales, lo que ha llevado a que el propio mandatario ecuatoriano haya señalado previamente que las conversaciones más profundas sobre el tema se darían con “el siguiente gobierno”.
La llamada tasa de seguridad ha tenido una evolución acelerada en los últimos meses. Inició con un 30 % en febrero, aumentó al 50 % en marzo y abril, y alcanzó el 100 % a comienzos de mayo, en medio de un deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Quito y Bogotá.
Impacto en la relación bilateral
El gobierno ecuatoriano ha justificado estas decisiones en la necesidad de reforzar la seguridad en su frontera con Colombia, una zona de alta complejidad por la presencia de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y el tráfico de personas.
De acuerdo con autoridades de ese país, la falta de control en el lado colombiano de la frontera ha generado costos adicionales en materia de seguridad que han sido estimados en cientos de millones de dólares.
En respuesta a los incrementos arancelarios, el gobierno colombiano también adoptó medidas comerciales y energéticas, lo que contribuyó a una escalada de tensiones entre ambos Estados, afectando el flujo habitual del intercambio binacional.
El deterioro de la relación diplomática también ha estado acompañado de intercambios políticos entre los mandatarios de ambos países, así como de llamados a consultas de embajadores en distintos momentos del conflicto. A esto se suman diferencias sobre temas de seguridad en la frontera y decisiones políticas que han profundizado el distanciamiento.
En el comunicado más reciente, la Presidencia de Ecuador insistió en que la reducción del arancel responde a la voluntad de promover una mayor articulación entre ambas naciones y fortalecer el desarrollo de la zona fronteriza, aunque no se detallaron nuevos acuerdos concretos entre los gobiernos.
La frontera colombo-ecuatoriana, de aproximadamente 586 kilómetros, ha sido señalada como un punto crítico por la presencia de estructuras criminales vinculadas a economías ilegales, lo que ha convertido la seguridad en uno de los principales ejes de discusión entre ambos países.
Con esta nueva decisión, el escenario comercial entre Colombia y Ecuador entra en una fase de posible desescalamiento, aunque persisten tensiones políticas y económicas que aún dependen de futuros acercamientos diplomáticos para su resolución definitiva.
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