El movimiento Transparencia Internacional (TI) advirtió este jueves de una “alarmante concentración del poder en el ejecutivo en Colombia” que va en detrimento de las otras ramas del poder y de “las libertades ciudadanas”.
“Si bien, en el diseño institucional colombiano el poder ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión, su poder ha aumentado en forma preocupante en meses recientes”, advirtió el organismo en un comunicado conjunto con su capítulo en el país, Transparencia por Colombia.
En esa línea, TI subrayó la cercanía del fiscal general, Francisco Barbosa; del defensor del pueblo, Carlos Camargo, y de la procuradora general electa, Margarita Cabello Blanco, todos designados este año en sus cargos, con el Gobierno que lidera el presidente Iván Duque.
Por ello advierte que hay un “riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el ejecutivo”.
“Nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”, afirmó la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, citada en la información.
CERCANÍA CON MAYORÍAS DEL CONGRESO
El organismo manifestó además que el poder del Ejecutivo ha crecido por su cercanía con las mayorías del Congreso, que eligieron al defensor y a la procuradora este año.
Igualmente señaló que el estado de excepción de emergencia económica declarado por la pandemia de la COVID-19 convirtió al Gobierno en “legislador transitorio”.
TI también advirtió sobre “un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al Gobierno central”, así como que han ocurrido “acciones cuestionables del Gobierno que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública”.
“Alertamos que la estabilidad y la independencia del sistema del control al poder en nuestro país está en riesgo”, indicó el director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández.
En ese sentido, manifestó que el Gobierno anunció que ha destinado 25 billones de pesos (unos 6.774 millones de dólares) para atender la pandemia y que “ya se han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos”.
“Se han tomado decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas. Un control débil y poco independiente puede facilitar decisiones que favorezcan intereses particulares”, agregó Hernández.
Uno de esos es el préstamo de 370 millones de dólares que se hizo a la aerolínea Avianca, lo que ha desatado una tormenta sobre el Ejecutivo al que critican porque consideran que ese dinero se podría haber destinado a ayudar a empresas pequeñas o porque hay quienes consideran que el auxilio atenta contra de la libre competencia del sector.
EFE
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