Foto de archivo.
El asesinato de un líder comunal en zona rural del nordeste antioqueño generó un nuevo episodio de desplazamiento forzado que afecta a varias familias campesinas en límites entre Segovia y El Bagre.
La víctima fue identificada como Teodoro Manuel Gamboa Herrera, un campesino de 66 años que hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas de Chicamoqué, en el sector conocido como El Bagre, ubicado en la frontera rural de ambos municipios.
De acuerdo con los reportes de las autoridades y organizaciones sociales, el hombre fue sacado de su vivienda por sujetos armados bajo intimidaciones. Posteriormente, fue hallado sin vida con impactos de arma de fuego en la misma zona rural donde residía.
Desplazamiento tras el crimen
Luego de conocerse el homicidio, se registró el desplazamiento de varias familias campesinas que habitan el área. Según las cifras entregadas por organizaciones de derechos humanos, al menos 20 núcleos familiares abandonaron sus viviendas y llegaron al municipio de El Bagre buscando refugio.
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Liderazgos en riesgo
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales y comunales en zonas rurales del departamento. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, este sería el décimo líder social asesinado en Antioquia en lo que va del año.
En la zona hacen presencia distintos grupos armados ilegales, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades. Así lo explicó el personero de Segovia, Hambler Patiño, al señalar que la pertenencia a juntas comunales suele convertir a los líderes en objetivos de identificación para los actores armados.
“Sabemos que tenemos tres actores: ELN, Farc y Clan del Golfo, entonces el método de identificación más certero para ellos de saber que esa persona pertenece a una comunidad y no es un foráneo es que estén vinculados a una junta de acción comunal”, señaló.
Investigación en curso
Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer qué grupo armado estaría detrás del homicidio y de las intimidaciones que provocaron el desplazamiento de las familias.
Mientras tanto, las comunidades afectadas permanecen en condición de vulnerabilidad en el municipio de El Bagre, donde algunas familias fueron acogidas en zonas urbanas y otras se alojaron con familiares o conocidos, mientras avanzan las gestiones de atención institucional.
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