Foto de archivo.
La situación de orden público en el municipio de Briceño, Antioquia, ha obligado a las autoridades locales a tomar medidas desesperadas para proteger a la población.
Ante la inminente amenaza de atentados y el desplazamiento masivo que ya suma más de 160 personas en el casco urbano, la alcaldía decretó la suspensión de clases presenciales en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur y en el Centro Educativo Rural Morrón.
Esta drástica decisión busca evitar que los menores queden atrapados en medio de posibles confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que hoy se disputan a sangre y fuego el control del territorio.
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Pero el miedo no solo ronda las aulas; la alcaldía también cerró sus puertas físicas por un lapso inicial de dos días. Los funcionarios y contratistas fueron enviados a teletrabajo para no dejar morir los procesos administrativos, mientras el pueblo permanece bajo una tensa calma marcada por la ley seca y el toque de queda nocturno.
La decisión de las autoridades responde a informes de inteligencia que advierten sobre posibles ataques con drones y explosivos contra la fuerza pública, incluso en pleno parque principal, lo que ha sembrado una zozobra total entre los habitantes que ven cómo su cotidianidad se desvanece.
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