Foto sacada de redes sociales.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional de Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, por una presunta participación indebida en política relacionada con el actual proceso electoral presidencial.
La medida fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, que dispuso apartar temporalmente del cargo a Alfredo Saade hasta el próximo 21 de junio de 2026.
Además, solicitó al nominador del diplomático hacer efectiva la decisión y reportar su cumplimiento al organismo de control.
De acuerdo con la actuación disciplinaria, la investigación se originó tras una queja presentada por publicaciones realizadas por Alfredo Saade en su cuenta de la red social X, donde se identifica como pastor y embajador de Colombia en Brasil.
Entre los mensajes analizados por la Procuraduría se encuentran pronunciamientos relacionados con los resultados de la primera vuelta presidencial y opiniones sobre figuras políticas del actual escenario electoral.
En una de sus publicaciones, Saade hizo referencia a la estrategia política del sector afín al Gobierno y cuestionó decisiones relacionadas con algunos dirigentes nacionales.
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Asimismo, el funcionario también pidió revisar la votación obtenida por una de las candidatas presidenciales y planteó dudas sobre la asignación de votos en el proceso electoral.
En otro de sus mensajes, invitó al presidente Gustavo Petro a renunciar a su cargo para asumir una participación más directa en la contienda política.
La decisión de suspensión provisional fue adoptada como medida cautelar mientras avanza la investigación disciplinaria para establecer si existió una vulneración de las normas que prohíben a determinados servidores públicos intervenir en actividades políticas o electorales.
La Procuraduría precisó que la medida contra Alfredo Saade no admite recursos. Entre tanto, el proceso continuará con la recolección y análisis de pruebas para determinar si existen responsabilidades disciplinarias derivadas de los hechos investigados.
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