Foto de archivo.
En medio del proceso judicial por presunta corrupción en la expedición de títulos académicos, la Fiscalía General de la Nación decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Juliana Guerrero, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para restringir su libertad.
La decisión fue comunicada durante una audiencia ante el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, donde la delegada del ente acusador explicó que, tras revisar el caso, se concluyó que no estaban dadas las condiciones exigidas por la ley para solicitar una medida privativa de la libertad.
Este anuncio se produjo en medio de una nueva dilación del proceso, ya que por segunda vez en menos de un mes Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía.
Según se conoció durante la diligencia judicial, minutos antes del inicio de la audiencia la investigada envió una solicitud formal en la que pidió aplazar nuevamente el procedimiento. En el documento argumentó que aún no ha logrado concretar la contratación de un abogado de confianza que asuma su defensa dentro del proceso penal que se adelanta en su contra.
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La investigada también aseguró que esta sería la última solicitud de aplazamiento que presentaría y recordó que, según la Constitución, tiene derecho a contar con una defensa adecuada antes de enfrentar la imputación de cargos.
La investigación de la Fiscalía se remonta al pasado 9 de febrero, cuando el ente acusador radicó solicitudes judiciales contra Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, señalados por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con el expediente, los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que Guerrero presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad habrían sido expedidos sin cumplir con los requisitos legales.
La Fiscalía sostiene que, según las pruebas recopiladas hasta el momento, la investigada no habría asistido a las clases correspondientes ni presentado las pruebas Saber exigidas para obtener dichos títulos académicos.
El proceso judicial continuará mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas y se define una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos.
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