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Una adolescente de 15 años vinculada con el homicidio del menor David Nocua fue reaprehendida en Bogotá tras evadirse del lugar donde cumplía medida preventiva. La joven fue localizada por la Policía Metropolitana mientras intentaba ocultarse en una vivienda de la localidad de Kennedy y fue dejada nuevamente a disposición de un centro de internamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde continuará cumpliendo su medida judicial.
Antecedentes del caso
El homicidio de David Nocua, de 14 años, ocurrió el 8 de mayo de 2025 en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El cuerpo del menor fue hallado en una zona boscosa cerca del río Tunjuelo, con múltiples heridas causadas con arma cortopunzante, horas después de haber sido reportado como desaparecido por su familia.
Según la investigación judicial, Nocua salió de su vivienda acompañado de su exnovia, una menor de 15 años, y un amigo de 14 años, bajo el pretexto de pasar tiempo juntos. Ambos adolescentes fueron señalados de planear el encuentro y de atacarlo en el lugar aislado donde posteriormente fue encontrado sin vida.
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En junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que los dos adolescentes aceptaron su responsabilidad por homicidio agravado, y un juez para adolescentes dictó sanción de internamiento preventivo por siete años, conforme al régimen especial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Fuga y reaprehensión
La joven de 15 años se había fugado del centro donde cumplía su medida, generando preocupación e indignación entre vecinos y familiares de la víctima. Durante varios días su paradero fue desconocido, hasta que fue capturada nuevamente por la Policía en una residencia de la localidad de Kennedy.
El caso de David Nocua generó gran conmoción en Bogotá desde el momento del crimen, debido a la violencia del hecho y la edad de los implicados. La reaprehensión de la adolescente subraya los retos del sistema de justicia juvenil en Colombia y mantiene abierta la atención sobre la necesidad de garantizar la protección de los menores en conflicto con la ley, así como de asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas judiciales impuestas.
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