Foto de archivo.
La situación humanitaria en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Medellín, conocido como El Pedregal, ha llegado a un punto crítico que mantiene en alerta a las autoridades del Ministerio Público.
La Personería de Medellín, bajo el liderazgo de Mefi Boset Rave Gómez, manifestó su profunda preocupación por las fallas sistemáticas en la atención médica de los internos, advirtiendo que la falta de tratamiento oportuno y medicamentos esenciales está comprometiendo la dignidad y la vida de miles de personas.
Según el informe del ente de control, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la unión temporal Medisalud han fallado de manera reiterada en garantizar la logística básica de salud.
En el establecimiento, donde conviven aproximadamente 1.134 mujeres y 2.710 hombres, se ha evidenciado una insuficiencia de personal asistencial que impide el tratamiento adecuado para pacientes con enfermedades contagiosas, crónicas, adultos mayores y mujeres gestantes.
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Esta carencia ha desatado una ola de inconformidad que ya se traduce en protestas y manifestaciones en los pabellones femeninos 15 y 18.
La crisis ha obligado a decretar cierres y aislamientos preventivos, como sucede actualmente en el pabellón número 3 de hombres, ante el riesgo de propagación de patologías sin el control médico necesario.
Para la Personería, estas omisiones en el tratamiento clínico no son solo fallas administrativas, sino una vulneración sistemática a derechos fundamentales intangibles.
La entidad recordó que, según la Corte Constitucional en sentencias recientes como la C-348 de 2024, mantener a una persona en condiciones de salud incompatibles con la reclusión puede considerarse un trato cruel e inhumano.
Ante este panorama de «Estado de Cosas Inconstitucional», la agencia del Ministerio Público hizo un llamado urgente a la USPEC, al INPEC y a Medisalud para que adopten acciones inmediatas.
La Personería reafirmó que continuará con la vigilancia permanente en El Pedregal, asegurando que el castigo penal no debe implicar la suspensión del derecho fundamental a recibir un tratamiento digno y especializado.
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