Foto de X @PereaFarlin
Una fuerte controversia se desató en el Urabá antioqueño tras las denuncias del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que existen maniobras de sabotaje del Clan del Golfo, presuntamente en articulación con autoridades locales de Necoclí, para impedir la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre a más de 120 familias víctimas del conflicto armado.
Según el mandatario, el predio de más de 1.100 hectáreas, que perteneció a estructuras del paramilitarismo y fue usado en su momento como punto estratégico por jefes armados, debe ser adjudicado como parte de la política de reparación y redistribución de tierras.
Petro calificó como “inadmisible” cualquier intento de obstaculizar este proceso y aseguró que la Policía Nacional tiene la orden de garantizar la entrega del terreno en favor del campesinado.
La Hacienda Virgen del Cobre, ubicada en una zona estratégica con salida al mar, fue recuperada tras un extenso proceso jurídico. Durante años, el predio habría sido explotado ilegalmente con ganado y caballos sin que se pagara arriendo al Estado. Posteriormente, la Agencia Nacional de Tierras adjudicó la finca a tres asociaciones de víctimas: Asodisban, Acamcopaz y Tierra y Vida.
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En medio de la polémica, el Clan del Golfo, a través de uno de sus bloques, emitió un comunicado en el que negó oponerse a la entrega de tierras, aunque cuestionó el procedimiento adelantado por la ANT, señalando presunta falta de organización y riesgos de confrontaciones por vías de hecho.
La situación generó un cruce de declaraciones entre funcionarios del Gobierno y líderes locales. El presidente Petro advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo los acercamientos de paz con el grupo armado y recordó que la base de cualquier proceso de paz es la devolución de tierras y la erradicación de economías ilegales.
Por su parte, el exalcalde de Necoclí rechazó las acusaciones y anunció acciones legales, asegurando que no existe ningún vínculo con estructuras criminales. Mientras tanto, las autoridades avanzan en el proceso de desalojo de presuntos ocupantes del predio, en medio de una creciente tensión política y social en la región.
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