El general (r) Miguel Maza Márquez. Archivo.
Minuto30.com .- La justicia colombiana ha vuelto a poner la lupa sobre uno de los episodios más tristes y violentos de la historia del país. Este martes 7 de julio, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del general en retiro Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), vinculándolo formalmente al asesinato del líder político y exguerrillero del M19 Carlos Pizarro Leongómez.
El excandidato presidencial fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un vuelo comercial, y más de tres décadas después, el ente acusador señala a Maza Márquez como presunto coautor de este crimen que enlutó a la nación.
La Fiscalía formalizó la acusación contra el exdirector del DAS por los delitos de homicidio «en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir».
Según la investigación, el papel de Maza Márquez habría sido fundamental para dejar a Pizarro a merced de sus asesinos. El expediente detalla un escalofriante presunto plan gestado desde las entrañas del Estado:
Debilitamiento del esquema: Días antes del mortal atentado, se ordenaron cambios repentinos y omisiones que disminuyeron drásticamente la capacidad de respuesta del equipo de seguridad del candidato.
Filtración de rutas: Se habría entregado información privilegiada y confidencial sobre los desplazamientos exactos de Pizarro.
Alianza criminal: El ente acusador señala una posible articulación directa entre funcionarios del extinto DAS y las estructuras paramilitares comandadas por los hermanos Carlos y Fidel Castaño para ejecutar el crimen y encubrir a los responsables.
«Estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de sus responsables», sentenció el contundente documento emitido por la Fiscalía.
A pesar de la gravedad extrema de los delitos imputados, la Fiscalía decidió no imponerle medida de aseguramiento (prisión preventiva) al exoficial.
El ente investigador justificó esta determinación basándose en tres factores fundamentales:
Su avanzada edad (88 años).
Un estado de salud actualmente delicado.
La consideración de que, bajo su condición actual, no existen razones legales de peso para mantenerlo detenido preventivamente mientras avanza el juicio.
Esta nueva acusación reafirma la sombría participación que habría tenido el máximo organismo de inteligencia del Estado durante la sangrienta época de los años 90, donde una alianza letal con el narcotráfico y el paramilitarismo logró silenciar a toda una generación de líderes políticos en Colombia.
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