Minuto30.com .- Más de 7,5 millones de comparendos ilegales impuestos en el país dio un paso definitivo a favor de los ciudadanos. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte hicieron público el listado oficial de los 37 organismos de tránsito investigados, revelando además las fechas exactas en las que operaron sin el cumplimiento de los requisitos técnicos legales.
Esta revelación es clave, pues permite a los conductores verificar si la fecha de su infracción coincide con los periodos en los que las cámaras (SAST) funcionaron sin el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología.
La investigación administrativa abarcó autoridades de tránsito en todo el territorio nacional, detectando que operaron sin permisos, con permisos de terceros o tramitaron los requisitos cuando ya estaban multando a los conductores.
El departamento de Antioquia concentra varios de los organismos investigados en el Valle de Aburrá. Las secretarías implicadas son:
Bello
A nivel nacional:
El listado oficial publicado por el Ministerio incluye a las principales capitales y ciudades intermedias, destacándose:
Bogotá
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Cartagena
Villavicencio
Valledupar
Montería
Sincelejo
Soledad
Villa del Rosario
El Ministerio de Transporte fue enfático en la publicación de los rangos de fechas específicos para cada una de las 37 secretarías. Esto significa que solo los comparendos impuestos dentro de esos periodos precisos carecen de validez legal.
Para los 5,5 millones de comparendos sin pagar: Si la multa fue impuesta en las fechas señaladas de irregularidad, el cobro deberá ser anulado del sistema por carecer de sustento técnico y legal.
Para los más de 1,5 millones de comparendos ya pagados: Las autoridades de tránsito que recaudaron estos dineros, más de $1,05 billones, durante los periodos no autorizados, podrían verse obligadas a realizar devoluciones masivas a los afectados.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reiteró que esta publicación marca un hito en la defensa de los derechos de los conductores. Además de las millonarias devoluciones a los ciudadanos, las alcaldías y secretarías investigadas se exponen a sanciones que equivalen al doble de lo recaudado de manera ilegal, cifra que superaría los $2,1 billones, según lo estipulado en la Ley 2251 de 2022.
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2026-05-21
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