Foto de archivo.
La confrontación armada que desde hace meses afecta al nordeste antioqueño alcanzó un punto crítico esta semana en zona rural de Segovia, donde un explosivo lanzado desde un dron impactó una vivienda campesina y provocó la muerte de una mujer y dos de sus hijos. El hecho ocurrió en la vereda La Jagua, en medio de choques entre estructuras ilegales que se disputan el control del territorio.
Según información oficial, el ataque se produjo mientras se registraban enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc. En ese contexto, el artefacto cayó sobre la casa donde la familia se encontraba descansando.
Las víctimas fueron identificadas como María Celina Silva y sus hijos Yaludan Cabo y Alonso de Jesús. Otro integrante del grupo familiar, Carlos Arcaes Silva, de 50 años, sufrió heridas de gravedad y permanece bajo atención médica especializada en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.
La detonación destruyó la vivienda y generó profunda conmoción entre los habitantes de la zona, que ahora temen la utilización de este tipo de dispositivos en áreas residenciales.
Recompensas y despliegue militar
Tras lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa para facilitar la identificación y captura de los responsables.
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Se ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar al operador del dron y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de la estructura criminal involucrada.
El ministro calificó lo sucedido como un acto terrorista y rechazó el empleo indiscriminado de explosivos contra la población civil. Asimismo, aseguró que la respuesta institucional ya fue activada y que el crimen no quedará en la impunidad.
En la zona fueron desplegadas unidades de la Fuerza Pública con el objetivo de reforzar la seguridad, adelantar labores de inteligencia y determinar con exactitud qué grupo armado ejecutó la acción. Aunque una de las hipótesis apunta a las disidencias, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación, en un contexto marcado por alianzas y confrontaciones entre actores ilegales.
Desplazamiento y crisis humanitaria
El atentado se da en un municipio que enfrenta una compleja situación de orden público. En los últimos días, cerca de cien personas han tenido que abandonar sus viviendas debido a la intensidad de los combates. Varias familias se desplazaron hacia la vereda Arenales para resguardarse ante el riesgo de quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos.
La administración departamental solicitó mayor articulación con el Gobierno nacional para atender la emergencia humanitaria y frenar la expansión de la violencia en esta subregión minera.
Mientras avanzan las investigaciones y continúa el despliegue de la Fuerza Pública, la recompensa anunciada por el Gobierno busca acelerar resultados en un caso que ha generado indignación y que vuelve a poner en el centro la necesidad de garantizar la protección de la población civil en escenarios de confrontación armada.
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