Reacciones al planteamiento de considerar el narcotráfico como un delito político

Ante el planteamiento del presidente Santos de considerar el narcotrafico como un “delito político” para los guerrilleros de las FARC, el procurador Alejandro Ordoñez, férreo crítico del proceso de paz, consideró que la medida “busca blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las FARC”.

“Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas, blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”, argumentó el funcionario.

Y afirmó que con la propuesta se “disfraza de delincuentes políticos a los narcotraficantes” y se “renuncia a perseguir el lavado de activos”, lo que convierte al proceso de paz “en una gigantesca operación para beneficio de las mafias”.

Más flexible fue el Defensor del Pueblo, Jorge Otálora, quien destacó los matices que puede tener el narcotráfico cuando sirve de vehículo para otras actividades delictivas.

“Si uno observa el delito del narcotráfico de manera aislada, está claro que es un delito común que no tiene nada que ver con ese tratamiento de los delitos políticos. Sin embargo, en la práctica ocurre que para llevar a cabo esas finalidades de levantamiento de armas tienen que cometer otra clase delitos comunes”, afirmó.

Con base en esto, añadió, “el delito de narcotráfico pese a ser común se vuelve conexo, necesario y obligatorio en el delito político y desde esa óptica claro que deberían tenerse en cuenta los nexos con el delito político”. EFE