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En medio del debate constitucional por la recién aprobada ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia, conocida como Ley 2385 de 2024 o ‘No más olé’, la Procuraduría General de la Nación se pronunció oficialmente, respaldando su legalidad ante la Corte Constitucional.
El procurador delegado Gregorio Eljach, en un documento de 18 páginas, solicitó declarar la exequibilidad de la norma, señalando que esta legislación representa un avance cultural legítimo dentro de un Estado social de derecho.
La ley, que ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, otorga un período de tres años para que quienes dependen económicamente del sector taurino puedan adaptarse y reconvertir su actividad laboral.
No obstante, la Procuraduría argumentó que esta transformación normativa contribuye al bienestar animal y a la evolución del pensamiento social. “La norma armoniza el respeto a la vida no humana con los derechos individuales y el interés general”, destacó el ente de control.
Asimismo, el documento indica que la ley no prohíbe la cría de toros bravos, sino que pone fin a su uso en espectáculos que impliquen maltrato, como las corridas, becerradas, novilladas y tientas.
También se prevé que las plazas de toros puedan transformarse en espacios culturales y deportivos en favor de la comunidad.
De esta manera, el Ministerio Público dejó claro su apoyo a esta política pública como una medida que materializa la función social del derecho y responde a la evolución cultural de la sociedad colombiana.
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