Foto ilustrativa. El Tiempo/Procuraduría
Foto ilustrativa. El Tiempo/Procuraduría
Minuto30.com-. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios de siete corporaciones autónomas regionales (CAR) por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras.
El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ordenó la apertura de indagación preliminar en la CAR Cundinamarca, Corporcesar – Cesar, CVC del Valle del Cauca, Corpamag – Magdalena, CRC – Cauca, Cortolima – Tolima y Carder de Risaralda.
El grupo también asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.
En el caso de la CAR – Cundinamarca la Procuraduría busca determinar la existencia de posibles irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento (PTAR) de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.
En Corpocesar se indaga por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.
En Corpamag – Magdalena la indagación tiene que ver con la presunta ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados -Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.
En la CVC el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos.
En los casos de la Corporación Regional del Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría indaga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.
En Risaralda se indaga si funcionarios de Carden habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.
El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.
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El caso fue remitido al Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.
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