El procurador general, Alejandro Ordóñez.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, publicó hoy las 45 preguntas sobre el proceso de paz que le formuló el pasado 13 de marzo al presidente Juan Manuel Santos.
Con esta publicación Ordóñez rompió la confidencialidad del encuentro que sostuvieron en la Casa de Nariño, “preocupado”, según dijo, por el silencio del jefe de Estado y “sorprendido” por los señalamientos que le ha hecho, según un comunicado de la Procuraduría.
Ordóñez expresó las preguntas al mandatario sobre tres temas: los derechos de las víctimas; el Estado de derecho y las obligaciones internacionales del Estado, y aspectos institucionales.
Según el comunicado, en lo que se refiere a los derechos de las víctimas algunas de las preguntas fueron: “¿Se compromete el Gobierno nacional a que las FARC esclarezcan la suerte de los al menos 2.760 desaparecidos, presuntamente de su responsabilidad, como requisito para acceder a las penas y sanciones alternativas propias de la justicia transicional?”.
“¿Exigirá el Gobierno nacional a las FARC para la firma del acuerdo que reconozcan su calidad de organización victimaria?”.
Igualmente preguntó si “¿se compromete el Gobierno Nacional a que en el acuerdo con las FARC ese grupo se obligue a entregar toda la riqueza ilícita acumulada por décadas para reparar a las víctimas, incluidos los fondos e inversiones en el extranjero?”.
Sobre el Estado de derecho y las obligaciones internacionales algunas inquietudes fueron: “El Gobierno Nacional ha señalado que el proceso de paz se adelanta en el marco del ordenamiento jurídico. ¿Va a acatar el Gobierno las sentencias de la Corte Constitucional que fijan límites al marco jurídico para la paz o cree que éstos se deben o pueden negociar con las FARC?”.
“En particular, ¿respetará el Gobierno Nacional el límite impuesto por la Corte Constitucional al prohibir que se suspenda totalmente la ejecución de la pena respecto a máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio?”.
“Específicamente, ¿se compromete el Gobierno a que existan penas de cárcel efectivas para los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos?”.
El procurador también tuvo interrogantes frente a aspectos institucionales: “¿Cómo desmontará el Gobierno los mecanismos de control social y territorial que mantienen las FARC en algunas regiones, distintos a la presencia armada?”.
Otra pregunta fue “¿Cuál es la posición del Gobierno Nacional con relación a que miembros desmovilizados de las FARC hagan parte de organismos responsables de la seguridad en los territorios más afectados por el conflicto armado y donde precisamente ese grupo ha tenido presencia?”.
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