Foto de archivo.
El presupuesto 2027 que el Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso asciende a $634,9 billones, luego de que las Comisiones Económicas devolvieran la propuesta inicial de $575,6 billones. El nuevo proyecto incorpora ajustes relacionados con la situación fiscal y las necesidades surgidas tras el terremoto del 10 de agosto.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó que la emergencia modificó las condiciones bajo las cuales había sido elaborado el primer proyecto. Según el funcionario, el documento anterior no reflejaba de manera adecuada algunas variables económicas ni obligaciones que debía asumir el Estado.
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Uno de los principales cambios está relacionado con la deuda pública. Para 2027, el servicio de la deuda llegará a $155,4 billones, frente a los $100,4 billones contemplados anteriormente, lo que representa un incremento del 54,7%. El pago de capital crecerá 111%, mientras los intereses aumentarán 37,3%.
En contraste, la inversión pública disminuirá de $89,5 billones a $87 billones, una reducción del 2,8%. Como proporción del PIB, pasará del 4,4% al 4,1%.
El gasto de funcionamiento también aumentará. Se proyectan $392,6 billones, equivalentes al 61,8% del presupuesto. Dentro de esta categoría, los gastos de personal subirán a $72,3 billones y las transferencias alcanzarán $297,6 billones.
La financiación del presupuesto 2027 tendrá como principales fuentes los ingresos corrientes, por $299,07 billones, y los recursos de capital, por $281,35 billones. De estos últimos, $238,6 billones corresponden a crédito interno y externo que el Gobierno planea contratar.
La reformulación también incluye $9,6 billones para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y recursos extraordinarios para atender la emergencia y reconstrucción derivada del terremoto.
El Gobierno además ajustó sus proyecciones de inflación, crecimiento económico y tasa de cambio. El proyecto pasará ahora al Congreso, donde deberá ser estudiado, modificado y aprobado para convertirse en ley.
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