Vista de la planta de energía eléctrica de Barquisimeto
Vista de la planta de energía eléctrica de Barquisimeto
Cuatro funcionarios policiales venezolanos y otros 6 civiles fueron detenidos por el robo de 37,1 toneladas de cables de energía eléctrica, sustraídos de una central en el estado Zulia (oeste, frontera con Colombia), una región que registra diariamente apagones que duran horas.
Los policías “sostuvieron un enfrentamiento el pasado 7 de septiembre con un grupo de personas” quienes originalmente sustrajeron el cableado de la central eléctrica, según refiere el Ministerio Público en nota de prensa.
La fiscalía señala que tras el hallazgo del material los agentes policiales solicitaron al conductor, “además de la retención de lo incautado, la cantidad de 3.000 bolívares (48 dólares) a cambio de no detenerlo ni colocarlo a la orden del Ministerio Público”.
Sumado a ello levantaron “un acta en la que registraron el decomiso del cableado sin mencionar la detención de algún implicado” lo que, señala la fiscalía, “generó suspicacia en los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que investigaban el hecho”.
Por tal razón se realizaron varios allanamientos en la zona, en los que “se recuperaron las 37,1 toneladas de guayas, además de lograr la detención de las seis personas implicadas”.
Los cuatro policías también fueron detenidos, luego de que los funcionarios del Cicpc constataran que hicieron un cobro de dinero.
A estos funcionarios se les imputaron los delitos de “corrupción propia, acto falso y asociación”.
Cinco de los civiles escucharon cargos de “tráfico y comercio ilícito de material estratégico” y asociación criminal.
Al sexto, tras imputársele resistencia a la autoridad, se le otorgó “una medida cautelar, consistente en la presentación periódica al tribunal y la prohibición de salida del país”.
Zulia, un estado rico en petróleo, fue declarado en emergencia por el Parlamento, de mayoría opositora, debido a constantes problemas eléctricos y fallos en los demás servicios públicos.
EFE
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