Petro se pronunció sobre el salario mínimo: respeta la decisión, pero convoca a las calles

Tras el fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el incremento del salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro lanzó una contundente respuesta defendiendo la legalidad de su decreto. El mandatario aseguró que, aunque respetará la decisión judicial, el nuevo decreto transitorio que emitirá su gobierno se ajustará estrictamente a los mandatos de la Constitución para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Concertación inmediata y defensa del «Salario Vital»

El presidente anunció que ha instruido al Ministerio de Trabajo para convocar una reunión de concertación de manera urgente. En este espacio se analizarán los estudios económicos más recientes, los cuales, según Petro, demuestran que el aumento salarial ha tenido una incidencia marginal en el precio de los alimentos.

“Disminuir la demanda por alimentos vitales en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre. Eso atenta contra la vida; nada más anticonstitucional”, afirmó el jefe de Estado.

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Dardo al «Gran Capital» y llamado a las calles

En un tono de confrontación política, el presidente Petro cuestionó el papel del sector empresarial y el impacto de las altas tasas de interés en el empleo. Dirigiéndose a los sectores económicos, lanzó un ultimátum: “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social o el enfrentamiento social y político”.

Además de la mesa de concertación técnica, el mandatario solicitó una reunión con la coordinación de movimientos sociales para evaluar la situación y lanzó una invitación directa a la ciudadanía: “Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto”.

Tensión entre poderes

La declaración también incluyó un mensaje directo a la rama judicial, recordando que el Gobierno se debe al voto popular que lo eligió. Petro advirtió que suspender el salario mínimo pone en riesgo la Constitución, la cual prohíbe el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos.

El Gobierno Nacional ahora corre contra el reloj para presentar el decreto transitorio exigido por el magistrado ponente, mientras el debate se traslada de los estrados judiciales a la arena social.

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