Foto de archivo.
En una nueva controversia institucional, el presidente Gustavo Petro pidió al Consejo de Estado revocar la sentencia que impuso controles a sus alocuciones presidenciales y entregó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de autorizar y supervisar sus intervenciones en televisión.
La solicitud fue presentada por su abogado, Pedro Alejandro Carranza, quien advirtió que la decisión convierte a la CRC en un “censor previo” incompatible, según la defensa, con la Constitución y con estándares internacionales de libertad de expresión.
De acuerdo con el recurso, la sentencia condiciona el ejercicio comunicativo del presidente a la autorización previa de un órgano administrativo y lo expone “al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica”.
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Para el mandatario, esta situación afecta directamente su deber institucional de comunicar, explicar y rendir cuentas al país, sometiendo una función esencial del jefe de Estado al aval de una autoridad no elegida por voto popular.
El documento insiste en que no está probado que las intervenciones del presidente petro hayan reducido la diversidad de voces en los medios, ni que la CRC tenga competencia para autorizar o vetar contenidos de naturaleza política.
“No está demostrado que conferir a la CRC poderes de veto previo e interrupción en vivo sea un mecanismo idóneo para garantizar pluralismo. Por el contrario, el riesgo de que la entidad se convierta en un árbitro del contenido político es evidente”, señala la defensa.
El Consejo de Estado deberá revisar el recurso y decidir si mantiene o revoca los controles impuestos a la figura presidencial.
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