Foto sacada de redes sociales.
La situación judicial de Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara los delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura, por hechos que habrían ocurrido en Barranquilla durante agosto de 2025.
La diligencia judicial también incluyó la imputación de otras cinco personas: Keiner Rocha, Darío Tirado, José David Martínez, Alexis Jiménez y Stiven Bolaño, quienes, según la investigación, habrían participado en la retención ilegal y las agresiones contra Carlos Alfredo Mejía.
Durante la audiencia, el ente acusador solicitó además que se imponga medida de aseguramiento contra los seis procesados, mientras avanza el proceso penal.
La investigación apunta a una presunta organización de cobros
Según lo expuesto por la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2025 en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla.
La investigación sostiene que la víctima fue privada de la libertad y trasladada contra su voluntad hasta un inmueble donde, presuntamente, fue sometida a diferentes actos de violencia física y psicológica.
De acuerdo con la hipótesis del ente investigador, el caso estaría relacionado con una organización dedicada a actividades de cobro, identificada como «Soluciones Mano a Mano», que presuntamente operaba bajo la modalidad de préstamos informales conocidos como «gota a gota».
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La Fiscalía señaló que Carlos Alfredo Mejía Vargas hacía parte de esa estructura como cobrador y que los hoy procesados lo habrían acusado de la pérdida de una suma de dinero que, según las investigaciones, estaría entre 15 y 30 millones de pesos.
El papel que le atribuye la Fiscalía a Luis Mariano Díaz
Durante la audiencia, el fiscal delegado ante jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, explicó que la investigación permitió establecer el presunto rol de cada uno de los procesados dentro de la organización.
En el caso de Luis Mariano Díaz González, la Fiscalía sostiene que habría ejercido funciones de liderazgo dentro de la estructura, coordinando las actividades de cobradores y supervisores.
De acuerdo con el ente acusador, el hijo del artista no habría estado presente desde el inicio del secuestro, sino que llegó posteriormente al sitio donde permanecía retenida la víctima y habría permanecido allí durante más de dos horas.
La investigación indica que, durante ese tiempo, presuntamente dirigió parte de las agresiones, golpeó a Carlos Alfredo Mejía Vargas con la cacha de un arma de fuego y continuó interrogándolo para conocer el paradero del dinero que, según la organización, había desaparecido.
La Fiscalía también aseguró que habría respaldado nuevas exigencias económicas dirigidas a la víctima y a sus familiares, entre ellas la entrega de una vivienda como condición para obtener su liberación.
Señalan que la víctima también fue torturada
Según la investigación, durante el tiempo que permaneció retenido, Carlos Alfredo Mejía Vargas habría sido sometido a múltiples agresiones.
La Fiscalía sostiene que los procesados lo habrían golpeado con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes, además de ejercer presión psicológica mediante amenazas y exigencias económicas.
Asimismo, las autoridades indicaron que durante el cautiverio se realizaron contactos con familiares de la víctima para exigir inicialmente el pago de 15 millones de pesos. Al conocer que esa suma no podía ser entregada, los presuntos responsables habrían planteado la posibilidad de recibir una vivienda como forma de pago.
El proceso continúa
Con base en los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía considera que Luis Mariano Díaz González habría tenido un papel determinante tanto en la dirección de la presunta organización como en la ejecución de parte de los hechos que hoy son materia de investigación.
La audiencia continuará con el estudio de la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente acusador contra los seis procesados.
Por ahora, las imputaciones corresponden a una etapa inicial del proceso penal. En consecuencia, los cargos formulados por la Fiscalía deberán ser debatidos y demostrados ante un juez durante el desarrollo del juicio, mientras los investigados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.
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