Fotos sacadas de X @infopresidencia
El país no sale del asombro tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el consejo de ministros del pasado 16 de febrero.
El centro de la polémica es el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa que murió el pasado 13 de febrero tras un accidente en bicicleta.
Lo que para la Defensoría del Pueblo y diversas asociaciones médicas fue una falla sistemática por la no entrega de medicamentos, para el Gobierno Nacional fue una falla de prevención en el hogar.
El ministro Jaramillo abrió el debate asegurando que a un niño Kevin Acosta con esta condición se le deben «restringir» actividades de riesgo.
«Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos», afirmó. Por su parte, el presidente Petro reforzó esta postura señalando que la prevención recae principalmente en la familia: «Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos… las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia».
Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Katherine Pico, madre de Kevin, quien denunció que Nueva EPS no le entregaba el medicamento vital (Emicizumab) desde diciembre.
La respuesta de expertos y organizaciones de salud fue inmediata. Silvana Zapata, presidenta de la Asociación de Epidemiología de Colombia, sentenció en redes sociales que «la prevención no es prohibir vivir», sino garantizar tratamientos oportunos.
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Por su parte, médicos especialistas recordaron que un niño con tratamiento adecuado puede ser deportista y llevar una vida normal.
Gremios como Pacientes Colombia calificaron las declaraciones como una «discriminación» y una «catástrofe» administrativa que busca ocultar las fallas en la intervención de la Nueva EPS.
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