Foto de archivo.
Una profunda controversia nacional se ha desatado tras la publicación de una reciente investigación periodística de Noticias Caracol, la cual expone presuntas concesiones y beneficios otorgados por el Gobierno Nacional a la estructura criminal del Clan del Golfo (también conocidos como el Ejército Gaitanista de Colombia). Los hallazgos del informe periodístico han generado un fuerte eco en la opinión pública, reavivando los cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad nacional y los diálogos sociojurídicos.
De acuerdo con los elementos revelados en el informe especial, se habrían implementado directrices operacionales y modificaciones estratégicas que, en la práctica, terminaron aliviando la presión militar sobre dicho grupo de origen paramilitar y narcotraficante. La investigación sugiere que, en el marco de la búsqueda de la «Paz Total», se modificaron protocolos que terminaron impactando el terreno operacional en regiones clave como el Urabá, Córdoba y el Chocó.
Entre los puntos más alarmantes señalados en el reportaje se encuentran:
Modificación de la doctrina de ataque: Restricciones en el uso de ciertas tácticas de combate de alta intensidad.
Debilitamiento de redes de información: Reestructuraciones internas que afectaron el flujo y la recolección de inteligencia militar estratégica en zonas de control criminal.
Tratamiento de capos: Cuestionamientos sobre los beneficios jurídicos y la flexibilización de las órdenes de captura de los principales cabecillas bajo los decretos de cese al fuego y acercamientos de paz.
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Las reacciones desde los sectores de oposición y control político no se hicieron esperar. Uno de los pronunciamientos más vehementes e implacables provino del representante a la Cámara electo, Daniel Briceño, conocido por sus constantes veedurías y denuncias frente a la gestión del Ejecutivo.
Briceño arremetió de forma directa contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que las revelaciones de la investigación periodística confirman un pacto clandestino que vulnera la institucionalidad de la Fuerza Pública. El congresista electo afirmó de manera tajante:
«El gobierno de Petro negoció en secreto con los criminales del Clan Del Golfo y les entregó la cabeza de 35 generales de las FFMM, desmontaron la inteligencia, les suspendió las órdenes de extradición y los bombardeos».
El tono de la denuncia escaló rápidamente cuando Briceño solicitó que se mantengan medidas drásticas de vigilancia internacional sobre el mandatario colombiano, argumentando presuntos nexos con las economías ilegales que financian la violencia en las regiones:
«Petro debe permanecer en la lista Clinton. Esto es pura NARCOPOLÍTICA».
El gobierno de Petro negoció en secreto con los criminales del Clan Del Golfo y les entregó la cabeza de 35 generales de las FFMM, desmontaron la inteligencia, les suspendió las órdenes de extradición y los bombardeos
Petro debe permanecer en la lista Clinton. Esto es pura…
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 24, 2026
Las afirmaciones del representante electo sintetizan los puntos más críticos del debate político actual:
Purga en la cúpula militar: La salida de experimentados altos mandos (los citados 35 generales) al inicio del mandato sigue siendo leída por la oposición como un debilitamiento sistemático de la memoria institucional y operativa de las Fuerzas Militares.
Freno a herramientas clave de combate: La suspensión de los bombardeos aéreos y el aparente congelamiento o dilatación de órdenes de extradición hacia capos de la organización criminal son catalogados por los críticos como prebendas excesivas concedidas sin contraprestaciones reales de paz.
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