Ohio tiene en su corredor de la muerte a 139 presos, incluidos los 27 que pretende ejecutar hasta 2020. Desde que el Supremo reinstauró hace cuatro décadas la pena de muerte en Estados Unidos, el estado ha ejecutado a 53 presos. EFE
Pena de muerte. EFE
Un juez de Los Ángeles (EE.UU.) decretó la pena de muerte para el novio de la madre de Gabriel Fernández, el niño de ocho años de edad que falleció a causa de maltratos y torturas, y cadena perpetua para la progenitora.
El magistrado George Lomeli, que calificó los actos de la pareja de “horrendos” e “inhumanos”, siguió la recomendación del jurado y decretó la pena capital para Isauro Aguirre, de 37 años, mientras que Pearl Fernández, de 34 años, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
En diciembre, un jurado había recomendado la pena de muerte para Aguirre luego de hallarlo culpable de asesinato en primer grado con el agravante de torturas.
Durante el juicio, la Fiscalía aseguró que Aguirre, de 6,2 pies (1.88 metros) de estatura y 270 libras de peso (122,5 kilos), golpeó, pateó y quemó al niño hasta llevarlo a la muerte porque pensaba que era homosexual.
En febrero, Fernández se declaró culpable de asesinato en primer grado y admitió las torturas realizadas al menor como parte de un acuerdo para recibir cadena perpetua en lugar de pena de muerte.
El menor Gabriel Fernández, que residía en Palmdale, al norte de Los Ángeles con su madre y Aguirre, murió el 24 de mayo de 2013 en un hospital local, donde fue trasladado dos días después de que los servicios de emergencia lo hallaran inconsciente en su domicilio. Según la autopsia, el menor presentaba fractura craneal, varias costillas rotas y quemaduras en todo su cuerpo.
La investigación inicial encontró que la muerte del niño ocurrió por el abuso sufrido a manos de los dos adultos y que los funcionarios del Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS) tendrían que haber actuado con más diligencia para evitar la tragedia.
Un gran jurado que deliberó previamente sobre el caso encontró que Gabriel había sufrido abuso físico durante al menos ocho meses y que se habían presentado más de 50 reportes telefónicos a los trabajadores sociales para denunciar indicios de los abusos.
Las trabajadoras sociales de DCFS Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, al igual que dos supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, fueron despedidos de sus empleos a raíz del caso y acusados posteriormente de abuso infantil y falsificación de registros.
A raíz de este caso, en marzo se lanzó la propuesta “Ley de Gabriel” para crear “un sistema de reporte sobre los estudiantes, accesible a todas las agencias que tienen que ver con el cuidado y la protección de los niños”, buscando que un legislador la acoja y la promueva. EFE
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