«Pan para hoy, hambre para mañana»: activista del Centro Democrático demanda ante el Consejo de Estado el aumento del mínimo

El activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, anunció la interposición de una demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo mediante el cual el presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo para 2026, con un incremento del 23 %, que eleva el ingreso mensual a dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte.

De acuerdo con Fiesco, la medida carece de sustento técnico y tendrá un impacto negativo sobre los trabajadores, especialmente aquellos de menores ingresos. A su juicio, el aumento no representará una mejora real en el poder adquisitivo, sino que generará un incremento generalizado en el costo de vida.

“Pan para hoy, hambre para mañana”, afirmó el activista, al señalar que con el aumento del salario mínimo se encarecerán bienes y servicios como el transporte público, las matrículas, los arriendos y la canasta familiar, lo que terminaría neutralizando el beneficio económico anunciado por el Gobierno.

Esto le podría interesar: ¡Se pasó de la raya! Ana del Castillo no aguantó el irrespeto de un seguidor y le puso freno en pleno show

En materia laboral, Fiesco advirtió que actualmente seis de cada diez colombianos se encuentran en la informalidad y que, con esta decisión, la cifra podría aumentar a ocho de cada diez ciudadanos. En ese contexto, cuestionó que el alza salarial pueda profundizar la informalidad y afectar la generación de empleo formal, en especial en pequeñas y medianas empresas.

El activista también sostuvo que el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado al considerar que “carece de toda justificación técnica” y calificó la medida como “una decisión irresponsable”. Además, aseguró que el presidente Gustavo Petro “se burla en la cara de los trabajadores” al presentar el aumento como un beneficio, cuando —según su postura— tendrá consecuencias económicas adversas.

Finalmente, Josías Fiesco expresó su confianza en que el alto tribunal revise la legalidad del acto administrativo y tumbe la decisión adoptada por el Gobierno nacional, al reiterar sus críticas a la política económica de Petro y a los efectos que, según él, esta tendría sobre las condiciones laborales y económicas del país.