La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) denunció este lunes que los opositores sufren “muerte cívica” una vez que son excarcelados y demandó a la comunidad internacional que actúe contra “los crímenes de lesa humanidad”, por los que responsabilizaron al presidente Daniel Ortega.
En una declaración, la UPPN denunció “el asedio y la persecución de la que somos víctimas los excarcelados”, así como “la muerte cívica, y constantes violaciones a los derechos humanos a la que hemos sido sometidos por Ortega Murillo”.
En la denuncia, que fue leída en teleconferencia por la integrante de UPPN Yaritza Rostrán, el movimiento mencionó el caso de al menos siete opositores que fueron arrestados en las dos últimas semanas tras haber sido excarcelados en meses anteriores.
También destacaron el caso de seis “presos políticos” que han sido capturados desde finales de 2019, pese a que en ese mismo año habían sido excarcelados bajo una controvertida Ley de Amnistía.
Entre otros, los excarcelados aseguran que las autoridades les entregan sus récords policiales identificándolos como “golpistas”, que no les renuevan o les niegan las licencias de conducir, que no les autorizan puestos de ventas informales, ni permisos para abrir un bar o restaurante o una concesión de taxi.
OPOSITORES PIDEN APOYO INTERNACIONAL
La UPPN llamó “a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comunidad internacional y países con Gobiernos democráticos, a seguir haciendo la presión necesaria para que la dictadura sanguinaria de los Ortega-Murillo caiga”.
Reclamaron además que “no es posible que, en la actualidad, los crímenes de lesa humanidad sigan en la impunidad, y que dictaduras sigan violando los acuerdos firmados en regiones, continentes y a nivel mundial, sin recibir sanciones contundentes”.
“No queremos más guerras, conflictos ni violencia y por ello necesitamos el apoyo total para que exista justicia plena y que no haya nunca más presos de conciencia, presos políticos y torturas en las cárceles”, concluyó Rostrán.
La ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que brindó su apoyo a la UPPN, confirmó que “a diario” reciben denuncias de violaciones de los derechos humanos supuestamente ejecutadas por las “estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, que dirige Ortega.
“Lamentablemente en nuestro país hemos llegado a situaciones en que ejercer los derechos constitucionales está proscrito, y es considerado un delito por parte de las autoridades”, dijo al abogado de la CPDH, Pablo Cuevas.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
EFE
2020-08-24
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