captura del video de redes sociales.
La situación jurídica de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, se complica con la imputación de nuevos cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.
A los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se suman ahora los de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento.
La audiencia para la imputación está programada para el próximo 1 de octubre a las 9:00 de la mañana en los juzgados de Barranquilla.
Estos nuevos señalamientos están vinculados a una presunta celebración indebida de contratos que habría realizado el exdiputado, a través de terceros, por un valor superior a los $3.000 millones de pesos, entre los años 2020 y 2021, mientras ejercía su cargo en el Atlántico.
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Dichos contratos, firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, tenían como objetivo ofrecer programas de atención a adultos mayores y estudiantes en condición de discapacidad, pero los servicios no se habrían ejecutado.
Uno de los contratos que levanta sospechas fue firmado por $400 millones de pesos, de los cuales $120 millones habrían sido destinados a Nicolás Petro y su entonces esposa, Day Vásquez.
Los otros $80 millones, al parecer, se habrían repartido entre Gustavo de la Ossa, director de la fundación, y Pedro Name, expareja de Vásquez.
La imputación de nuevos cargos a Nicolás Petro podría resultar en la emisión de una orden de captura o una medida de aseguramiento, ya sea prisión preventiva o casa por cárcel, lo que agravaría su situación judicial. La decisión será tomada por un juzgado de control de garantías que será asignado el mismo día de la audiencia.
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