Fotos sacadas de redes sociales.
La muerte de Kevin Acosta sigue generando controversia en el país, luego de que la Procuraduría General de la Nación concluyera que el fallecimiento del menor no fue responsabilidad de su familia, sino consecuencia de una presunta negligencia en el sistema de salud.
Según el informe del Ministerio Público, el niño de siete años murió el pasado 13 de febrero debido a que la Nueva EPS no garantizó la entrega del fármaco Emicizumab, indispensable para controlar los riesgos asociados a la hemofilia.
De acuerdo con la investigación, Kevin Acosta permaneció cerca de dos meses sin recibir el medicamento, situación que lo dejó en una condición médica altamente vulnerable.
Inicialmente, la IPS Medicarte suspendió la entrega por falta de pagos, y posteriormente la IPS Integral tampoco asumió el tratamiento por la misma razón: la ausencia de recursos girados por la aseguradora.
Este hallazgo contradice la versión entregada previamente por el Gobierno nacional. En su momento, el ministro de Salud había atribuido la muerte a un accidente doméstico, señalando que la familia debía haber evitado que el menor realizara actividades de riesgo. Incluso, desde la Presidencia se respaldó esa postura.
Sin embargo, la Procuraduría fue enfática en señalar que la falta del tratamiento dejó al menor en una situación crítica, lo que agravó las consecuencias de una caída sufrida días antes de su fallecimiento.
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La muerte ocurrió luego de que Kevin presentara complicaciones tras un accidente en bicicleta que le provocó fuertes hemorragias. Fue atendido inicialmente en centros médicos del Huila y posteriormente trasladado a Bogotá, donde falleció en el hospital La Misericordia.
Ante estos hechos, el organismo de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el interventor de Nueva EPS, con el fin de establecer responsabilidades por las fallas en la atención.
Además, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las respectivas investigaciones penales contra quienes pudieron haber tenido incidencia en el caso.
La Procuraduría también advirtió que al menos 2.000 pacientes podrían estar en riesgo por situaciones similares, debido a fallas en la continuidad de tratamientos y entrega de medicamentos.
Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon la emergencia.
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