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La designación de Daniel Quintero como el nuevo superintendente de Salud por parte del Gobierno Nacional ha desatado una verdadera tormenta política en la capital antioqueña.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó de manera tajante el nombramiento, señalando que Quintero es el presunto responsable de las graves afectaciones que sufrió la red hospitalaria de la ciudad durante la administración anterior.
Según el mandatario paisa, poner al frente de la vigilancia nacional a quien dejó «en cuidados intensivos» a entidades como Metrosalud y el Hospital General de Medellín es un acto de irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de todos los colombianos.
Gutiérrez fue enfático al recordar episodios dolorosos que marcaron la gestión del ahora alto funcionario, mencionando casos de presunta corrupción y negligencia administrativa.
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«La salud no puede quedar en manos equivocadas; están jugando con la vida de la gente», puntualizó el alcalde, quien recordó que bajo dicha administración murieron cuatro niños por desnutrición y un bebé de apenas 18 días, que falleció en el Hospital General esperando una cirugía pediátrica que nunca llegó porque no había personal contratado.
Además, denunció irregularidades en la Clínica La 80, donde se invirtieron $24.000 millones de pesos para luego ser vendida por la mitad de su valor en condiciones dudosas.
Ante este panorama, la alcaldía de Medellín anunció que adelantará acciones judiciales y recursos jurídicos para demostrar el impedimento legal del nuevo superintendente de Salud.
Según el mandatario, el objetivo de las acciones legales es evitar que Daniel Quintero intervenga en procesos relacionados con la red pública de Medellín, donde actualmente cursan investigaciones por saqueo de recursos y malos manejos.
«Pidió ese cargo para tratar de tapar estos casos de corrupción y, por eso, tenemos oficios para que dicha persona tenga que declararse impedido o se abstenga para poder intervenir en el Hospital General de Medellín, donde hay investigación de corrupción en su administración», indicó.
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Durante el procedimiento, los involucrados exigieron $150 millones al propietario para evitar su judicialización.
La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas mientras el comunicador permanece bajo atención médica.