Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
Minuto30.com .- El campo colombiano y su desarrollo comercial acaban de recibir un importante respaldo judicial. En un fallo emitido este jueves 7 de mayo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado le ordenó perentoriamente al Gobierno Nacional dar cumplimiento estricto a los artículos 4 y 6 de la Ley 2578 de 2024.
La decisión judicial pone contra las cuerdas la inactividad estatal frente a este tema y exige acciones inmediatas para organizar y potenciar la comercialización de los productos agrícolas en el país.
La Alta Corporación fue clara al advertir que las normas demandadas no son sugerencias, sino obligaciones legales que el Estado ha omitido. El fallo exige la formulación y adopción inmediata de la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario.
Según lo dictaminado por el Consejo de Estado y en concordancia con los lineamientos de la Ley 2378 de 2024, esta política pública no puede ser un simple documento, sino que debe contener bases sólidas que faciliten y optimicen el proceso de mercadeo del campo. Para ello, el Gobierno deberá identificar y determinar de manera clara:
Estrategias de mercado.
Prioridades de comercialización.
Responsables directos de la ejecución.
Mecanismos de acción a mediano y largo plazo.
Indicadores de seguimiento y evaluación.
Para garantizar que el fallo no se quede en el papel, la Sección Quinta emitió órdenes directas y delegó responsabilidades específicas. El cumplimiento de esta sentencia deberá ser liderado y coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En consecuencia, la cartera agropecuaria tiene el mandato legal de ejecutar los siguientes pasos:
Elección de representantes: Convocar y designar a los delegados que conformarán la mesa técnica intersectorial.
Establecimiento de la mesa: Instalar formalmente este espacio de trabajo conjunto.
Adopción de la política: Formular, estructurar y adoptar oficialmente la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario para que entre en vigencia y beneficie a los productores del país.
Esta decisión representa un paso fundamental para brindar garantías a los campesinos y productores, quienes históricamente han sufrido por la falta de canales de comercialización justos, rentables y estructurados por el Estado.
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