Foto de cortesía.
La investigación por la muerte de Cristian Garzón, guarda de seguridad de TransMilenio, avanzó con la judicialización de la pareja señalada de estar involucrada en el ataque ocurrido en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado, luego de que fueran capturados tras la agresión que terminó con la muerte del trabajador. Durante las audiencias, ninguno de los dos aceptó los cargos.
Ambos quedaron bajo medida de aseguramiento
Después de escuchar la imputación y los argumentos presentados durante el proceso, una juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario.
De esta manera, Deibi Acevedo y Anngi Díaz permanecerán privados de la libertad mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias de la agresión y la responsabilidad individual que tendría cada uno en los hechos.
La Fiscalía señala a Acevedo de haber utilizado un arma cortopunzante durante el ataque contra el guarda, mientras que Díaz es procesada por su presunta participación en los hechos.
El ataque ocurrió en la estación Terreros
El caso se registró durante la mañana del 18 de septiembre, cuando Cristian Garzón se encontraba cumpliendo sus labores de seguridad en la estación Terreros.
De acuerdo con la información conocida, el trabajador intervino para impedir que la pareja ingresara al sistema sin pagar el pasaje. En medio de la situación se habría producido la agresión con un arma blanca.
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Garzón sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial de Soacha. Pese a la atención médica recibida, posteriormente murió debido a la gravedad de las lesiones.
Tras el ataque, los dos señalados habrían intentado escapar del lugar, pero fueron ubicados y capturados por las autoridades varias cuadras más adelante. Durante el procedimiento también fue incautada un arma blanca que habría sido utilizada en la agresión.
La investigación continúa
Con la decisión de la juez, los dos procesados permanecerán en un establecimiento carcelario mientras el proceso judicial continúa.
La Fiscalía deberá avanzar en la investigación para determinar la participación que tuvo cada uno en la agresión y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del guarda de seguridad.
El caso también generó rechazo entre las autoridades de Bogotá, que cuestionaron el ataque contra el trabajador ocurrido mientras cumplía sus funciones dentro del sistema de transporte.
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