Foto de Archivo.
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, volvió a quedar en el centro del debate judicial luego de que la audiencia de imputación de cargos en su contra fuera aplazada, tras la solicitud de su abogado defensor, Alejandro Carranza.
En la mañana de este miércoles 1 de octubre, Carranza envió un oficio de tres páginas al juzgado de control de garantías de Barranquilla en el que explicó las razones de su inasistencia.
Según el penalista, el mismo día debía atender una audiencia de alegatos finales en Bogotá, en un proceso en el que representa al presidente Gustavo Petro, reconocido como víctima. “El despacho advirtió que la cita era inaplazable”, señaló en el escrito.
El abogado agregó que su agenda incluía compromisos personales y familiares, una cita médica especializada y comparecencias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo que hacía imposible asistir a la diligencia en Barranquilla. Ante esto, solicitó al juzgado reprogramar la audiencia para el próximo 8 de noviembre.
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La Fiscalía se alistaba a imputar a Nicolás Petro por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, cargos relacionados con presuntas gestiones irregulares en favor de terceros mientras se desempeñaba como diputado del Atlántico.
Las pruebas clave serían conversaciones recuperadas del celular de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en las que se evidenciarían coordinaciones para recibir recursos públicos a través de la Fundación Conciencia Social entre 2020 y 2021.
El expediente detalla que la entidad recibió contratos por más de una década con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, alcanzando una suma superior a los seis mil millones de pesos. Sin embargo, los de mayor interés en esta investigación fueron los celebrados durante el período en que Nicolás Petro ocupaba una curul en la Asamblea departamental.
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