Foto de archivo.
La justicia administrativa de Bogotá ha tomado una decisión contundente contra el primer mandatario de los colombianos. El Juzgado 24 Administrativo de la capital ordenó al presidente Petro el pago de una multa cercana a los $26 millones de pesos, tras declarar que el jefe de Estado incurrió en un desacato a una orden judicial previa.
La sanción, firmada por el juez Yimi Alejandro Sánchez el pasado 14 de abril, equivale a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se deriva del incumplimiento de una tutela que le ordenaba retractarse de sus afirmaciones contra Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud.
El conflicto jurídico tiene su origen en una alocución presidencial realizada en julio de 2025, donde el mandatario calificó de «bandido» a González Montaño y aseguró que se habían «robado la plata» de la cooperativa de salud.
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Pese a que el juzgado dejó en firme la orden de rectificación desde enero de este año, al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la honra, el presidente se ha negado sistemáticamente a presentar las excusas públicas.
Para el despacho judicial, esta conducta constituye un claro desacato de la sentencia proferida originalmente en noviembre del año pasado, ignorando el mandato de abstenerse de emitir manifestaciones públicas contra el exgerente.
Lejos de acatar la multa y la orden de silencio, el presidente Petro reaccionó a través de sus redes sociales manteniendo su postura desafiante frente a la justicia.
«Pueden arruinarme con multas y cárcel, si quieren, pero no me callaré ante el robo de la salud», afirmó el mandatario, reafirmando sus señalamientos de corrupción contra la directiva de Coosalud.
Mientras la Presidencia intenta agotar recursos legales para anular la sanción, el fallo judicial queda como un precedente sobre los límites de la libertad de expresión del jefe de Estado y el respeto a la honra de los ciudadanos en medio de los debates sobre el manejo de los recursos públicos en Colombia.
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