Foto de Ministerio de Minas y Energía.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió un enérgico rechazo a la reciente decisión del Gobierno de Ecuador de disparar la tarifa de transporte de crudo nacional.
El incremento, que supera el 900%, eleva el costo por barril de 2,5 dólares a más de 30 dólares para usuarios extranjeros que utilizan el Oleoducto Transecuatoriano (Sote).
Para el Gobierno Nacional, este movimiento de ficha en el tablero de la energía binacional es una medida ‘unilateral y desproporcionada’ que carece de sustento técnico y busca asfixiar la producción petrolera en el sur del país.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue contundente al calificar la medida como una agresión directa que viola acuerdos históricos, específicamente el convenio del 13 de febrero de 2011.
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Palma advirtió que los más perjudicados no son solo las grandes compañías, sino los pequeños y medianos productores del departamento del Putumayo. Este sector es el motor que sostiene miles de empleos y la estabilidad social en la región, por lo que el alza tarifaria, sumada a la caída de los precios internacionales, deja a estas empresas al borde del colapso operativo.
En medio de la tensión por la crisis de energía, el ministro también lanzó duras críticas al Consejo Gremial Nacional. Palma cuestionó el «patriotismo» de los líderes empresariales, señalando que mientras piden declaratorias de emergencia, guardan silencio ante la hostilidad de Ecuador y la crisis del etanol nacional.
“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir”, sentenció el jefe de la cartera minero-energética.
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que esta subida de precios desconoce los principios de integración de la Comunidad Andina y el espíritu de cooperación fronteriza.
Aunque la diplomacia colombiana asegura mantener la voluntad de negociación, el ambiente está cada vez más enrarecido. Se espera que en las próximas horas se evalúen mecanismos comunitarios para denunciar lo que Colombia considera una discriminación arbitraria en el transporte de hidrocarburos, afectando la competitividad de todo el sector energético del país.
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