El presidente de México, Enrique Peña Nieto. EFE/Esteban Biba
El presidente de México, Enrique Peña Nieto. EFE/Esteban Biba
El gobierno de México, en cabeza del presidente Enrique Peña Nieto, se verá obligado pagarle a China 600 millones de dólares como indemnización. El país asiático asegura que los mexicanos “no actuaron de forma transparente, ni garantizaron el debido proceso legal” al eliminar el proyecto para la construcción del tren de alta velocidad.
La obra fue una de las promesas de campaña del presidente, que asumió su cargo en 2012. El tren partiría de la capital mexicana hacia el estado de Querétaro.
La licitación fue adjudicada a las empresas chinas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, que se asociarían con cuatro compañías mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.
Sólo unas horas después de que los ganadores fueran anunciados, el presidente revocó la licitación asegurando que no estaba garantizada la seguridad ni la transparencia de los contratos.
Y luego, tres días después, en México estalló un escándalo de corrupción que terminó de hundir el proyecto del tren. El medio Aristegui publicó el reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto y con este reveló que el presidente vivía en una casa propiedad de Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa TEYA, una de las mexicanas que participarían de las obras del tren.
El reporte también indicó que las empresas de Hinojosa sostenía 33 contratos con el gobierno federal. Incluso, reveló que el empresario había vendido tres casas a funcionarios de la presidencia, incluidos Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera.
Un año después, el presidente Peña pidió públicamente perdón por lo ocurrido. Las investigaciones del Estado concluyeron con que no había conflicto de intereses, porque solo había “una amistad” entre los funcionarios y el empresario.
El argumento de China para solicitar la indemnización es que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, ni de buena fe, ni les garantizaron el debido proceso legal. Su reclamo inició desde 2015, inmediatamente después de cancelado el proyecto.
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