Foto: Mesa de Paz Urbana Medellín.
Casi dos meses después de que una fiesta con el cantante vallenato Nelson Velásquez al interior de la cárcel La Paz, en Itagüí, pusiera en jaque los diálogos entre el Gobierno Nacional y las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, la mesa de paz urbana vuelve a activarse.
El anuncio fue hecho el pasado viernes 22 de mayo mediante un comunicado oficial de la delegación gubernamental, respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y el propio presidente Gustavo Petro.
La mesa de paz había sido suspendida formalmente el 9 de abril de 2026, un día después de que se confirmara el ingreso irregular de Velásquez y más de un centenar de visitantes no autorizados al pabellón de alta seguridad del penal.
La celebración, que según trascendió habría costado alrededor de $500 millones de pesos, se realizó en el marco del cumpleaños de alias ‘Pocho’, cabecilla de ‘La Agonía’, y de una posible libertad condicional para alias ‘Lindolfo’, líder de ‘La Oficina’, ambos voceros de las conversaciones que se adelantan desde junio de 2023.
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Las consecuencias del escándalo no tardaron en llegar: doce funcionarios del Inpec, incluidos el director y el subdirector del centro penitenciario, quedaron bajo investigación por presuntas omisiones en los controles de ingreso.
Adicionalmente, dos de los internos vinculados al episodio fueron trasladados a otros penales; ‘Pocho’ fue remitido a la cárcel de Girón, en Santander.
En su comunicado, la delegación del Gobierno sostuvo que el proceso ha enfrentado obstáculos por parte de sectores políticos regionales, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso, al que señalaron de no tramitar un marco jurídico que permita el sometimiento definitivo de estas estructuras.
Desde la Oficina del Alto Comisionado, Otty Patiño reafirmó el compromiso con el proceso, mientras que el presidente Petro relacionó el funcionamiento de la mesa de diálogos de paz con la reducción de homicidios registrada en Medellín en los últimos dos años.
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