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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes 16 de febrero que, tras una sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación, se acordó mantener el aumento del 23,7% en el decreto transitorio del salario mínimo, por lo que quedaría nuevamente en dos millones de pesos con auxilio de transporte incluido.
La reunión, convocada por instrucción del presidente Gustavo Petro, se realizó en la sede del Ministerio del Trabajo con la participación de empresarios, centrales obreras y representantes del Gobierno Nacional.
Según Sanguino, tanto el sector empresarial como los sindicatos expresaron su respaldo mayoritario a mantener los efectos del decreto que estableció el salario mínimo en $2 millones.
«Del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7% que hoy está vigente», afirmó el jefe de la cartera laboral tras finalizar la sesión.
El ministro explicó que el principal argumento para mantener el porcentaje fue la necesidad de preservar la estabilidad económica.
«El salario vital ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de las familias que resultan beneficiadas», expresó Sanguino, advirtiendo que modificar la cifra podría impactar negativamente la planeación tanto de empresas como de hogares.
Este decreto transitorio fue ordenado por el Consejo de Estado el pasado viernes, luego de que suspendiera provisionalmente el documento expedido en diciembre de 2025 y firmado por el presidente Petro, en el cual se oficializaba el aumento para 2026. El máximo tribunal le dio un plazo de ocho días al Gobierno Nacional para anunciar la medida temporal mientras toma una decisión de fondo sobre el caso.
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El Consejo de Estado estableció que el decreto temporal «debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes» y «contener una fundamentación económica detallada y verificable».
Como respaldo, las centrales obreras respaldaron la decisión de mantener el 23,7% y la calificaron como «un derecho adquirido, legal y constitucional».
Fabio Arias, presidente de la CUT, declaró: «Nosotros vamos a defender este decreto del 23,7%, hoy lo defendimos. Este ya es un derecho adquirido y reconocido. Este decreto es legal y constitucional en el marco jurídico del país. El Consejo de Estado está equivocado».
Sin embargo, desde el sector empresarial persisten las preocupaciones. Fenalco ha advertido sobre los riesgos de mantener el aumento del 23,7%, señalando que podrían perderse hasta 700.000 empleos debido al impacto en la nómina de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Sanguino reiteró que el Ejecutivo cumplirá con lo ordenado por el alto tribunal y que «el Gobierno expedirá el decreto transitorio» esta misma semana.
La discusión sobre el salario mínimo se mantiene en desarrollo mientras el país espera la expedición oficial del decreto transitorio y la decisión definitiva del Consejo de Estado sobre la legalidad del aumento establecido inicialmente por el Gobierno Nacional.
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