Es el caso de Cartagena, donde la secretaria del Interior, Sindis Meza, afronta un juicio disciplinario, por su presunta responsabilidad en las irregularidades que evitaron que cientos de familias damnificadas recibieran sus mercados.
“Hay alimentos que incluso del periodo invernal anterior, de noviembre y diciembre del año pasado, aún se encuentran en bodegas que además no contienen las condiciones de salubridad adecuadas para garantizar una distribución pertinente de esas ayudas”, revela Carlos Eduardo Mesa, procurador delegado para la Descentralización.
El funcionario, quien ha ejercido estricta vigilancia sobre la ejecución de las ayudas, encontró casos concretos en los departamentos de Córdoba y Bolívar, donde los precios de los alimentos fueron inflados.
“Es posible que existan sobrecostos. Las cifras de diferencias de precios entre el estimado en la zona y el precio considerado como irregular son bastante preocupantes y por ello la Procuraduría hace un llamado para que el tema sea revisado”, advierte el delegado del Ministerio Público.
Pero no sólo por omisión son cuestionados los mandatarios departamentales y municipales. Al parecer, también han sido negligentes a la hora de tramitar ante el Gobierno Nacional los diversos proyectos necesarios para que los recursos de Colombia Humanitaria lleguen a las comunidades afectadas.
El procurador Carlos Eduardo Mesa encontró “alcaldes que no han presentado proyectos a pesar de sus graves condiciones de calamidad y no han hecho el respectivo certificado de damnificados ni el registro del DANE, que son requisitos para obtener los recursos”.
De acuerdo al análisis realizado por el organismo de control, las ayudas humanitarias han llegado al 84 por ciento de los colombianos afectados por las lluvias.
2011-05-09
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