Foto: Instagram Federico Ríos
El Ministerio de Defensa ordenó abrir una investigación inmediata tras las denuncias sobre presunta explotación de minería ilegal en un predio asociado a una unidad militar en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.
La medida se toma luego de las revelaciones publicadas por el diario The New York Times, que expuso la situación en una zona conocida como “La Mandinga”, donde se advierte posible presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo.
Reportaje internacional encendió las alertas
El informe periodístico, elaborado por el fotoperiodista Federico Ríos, incluye imágenes y un recorrido por el área que muestran una amplia zona intervenida a cielo abierto para la extracción de oro.
Según lo documentado por el medio, la actividad se desarrollaría en inmediaciones del Batallón Rifles 31, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército, sin una separación clara entre los límites militares y los espacios de explotación.
Durante la visita registrada en el reportaje, el equipo de prensa acompañó al comandante de la unidad, el teniente coronel Daniel Echeverry, en un recorrido por el sector.
En ese contexto, se habrían observado motores, mangueras y otros elementos usados para la extracción del mineral, lo que generó inquietudes sobre el control efectivo del territorio.
El documento también señala que la situación derivó en momentos de tensión con algunas de las personas que se encontraban en la zona realizando labores de minería. Según lo descrito por el medio, se habrían presentado alteraciones del orden y amenazas durante el desarrollo del recorrido.
Gobierno ordenó investigación urgente
Ante la controversia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una investigación inmediata para esclarecer los hechos y determinar si existen irregularidades dentro de la institución o posibles omisiones en el control del área.
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A través de su cuenta en X, el funcionario fue enfático en la posición del Gobierno frente a la minería ilegal y cualquier posible relación con miembros de la fuerza pública.
“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, afirmó el ministro.
El ministro también destacó que, en lo corrido de 2026, la fuerza pública ha intervenido cerca de 2.500 minas ilegales y destruido alrededor de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilícita de minerales, principalmente oro, en distintas regiones del país.
El caso ha reactivado la discusión sobre el control de la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, una región donde las autoridades han identificado disputas constantes por las rentas de esta actividad, señalada como una de las principales fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales.
Hasta el momento, el Ejército Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando su versión de los hechos ni aclarando si existen otros puntos similares en predios bajo su jurisdicción o en zonas cercanas.
La investigación anunciada por el Ministerio de Defensa buscará establecer responsabilidades y verificar si hubo fallas de control o posibles conductas irregulares dentro del perímetro señalado por el reportaje.
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