Foto de cortesía.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó formalmente un incidente de desacato contra el Gobierno Nacional tras el vencimiento del plazo judicial para el pago de la millonaria deuda del sistema de salud que asciende a $20.3 billones de pesos.
El ultimátum venció el pasado martes 26 de agosto sin que el Gobierno Nacional cumpliera con la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 11 de julio, cuando falló a favor de la Acción Popular interpuesta por Gutiérrez.
«El Gobierno Nacional ha incumplido con sus obligaciones, pero ahora incumple una decisión de la justicia», declaró contundentemente el mandatario, quien advirtió sobre las graves consecuencias legales que enfrentan los funcionarios involucrados.
«Las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento y nadie puede estar por encima de la ley», agregó.
El desacato judicial señala directamente al ministro de Salud, al ministro de Hacienda y a las EPS intervenidas por la Nación, quienes podrían enfrentar multas económicas e incluso arresto por desobediencia a la autoridad judicial.
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La crisis es especialmente dramática en Medellín, donde algunos hospitales apenas reciben el 6% de los recursos que tienen en cartera.
El Hospital General de Medellín registra una deuda gubernamental de $128.000 millones de pesos, Metrosalud adeuda $32.000 millones, mientras que el Hospital Infantil Concejo de Medellín suma $9.200 millones en mora.
Para evitar el colapso del sistema hospitalario local, la Alcaldía de Medellín destinó más de $200.000 millones de pesos en 2024, permitiendo la capitalización y funcionamiento de la red pública de salud.
La Acción Popular, presentada el 30 de mayo y admitida el 4 de junio, contó con el respaldo de 22 entidades, incluyendo el Departamento de Antioquia, la Personería de Medellín y diversos gremios del sector salud.
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