Foto: General William Oswaldo Rincón
En la madrugada de este domingo, los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, miembros de la patrulla de vigilancia de la Policía Nacional, fueron asesinados en el municipio de Anorí, ubicado en el nordeste de Antioquia, mientras cumplían labores de control y verificación en establecimientos comerciales de la zona.
Las primeras investigaciones señalan que el ataque fue perpetrado por estructuras armadas ilegales con presencia en la jurisdicción, un contexto de violencia que ha afectado a la región durante los últimos años y pone en evidencia los riesgos que enfrentan tanto los uniformados como la comunidad civil en zonas con presencia de estos grupos.
El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, rechazó de manera categórica este hecho criminal y destacó la vocación de servicio de los uniformados asesinados, recordando el compromiso con el que estos oficiales salieron de sus hogares para cumplir con sus funciones. “Quien ataca a un policía, atenta contra la dignidad del país”, manifestó el alto oficial, al rechazar lo ocurrido y subrayar la gravedad del ataque.
Tras el homicidio de los subintendentes, la Policía Nacional activó todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia con el objetivo de capturar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque. El general Rincón también expresó su solidaridad con las familias de los agentes y aseguró que este crimen no quedará impune, reiterando el compromiso institucional de avanzar en el proceso judicial correspondiente.
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Contexto de violencia en el nordeste antioqueño
Este hecho se produce en un contexto de violencia sostenida en el nordeste antioqueño, donde confluyen diversas dinámicas del conflicto armado interno. La región ha sido escenario de incidentes vinculados a grupos armados ilegales, incluidos ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos entre la fuerza pública y frentes insurgentes.
En enero de 2026, el Ejército Nacional destruyó seis artefactos explosivos improvisados instalados por grupos armados ilegales en las vías que conectan Anorí con Medellín, evidenciando los esfuerzos de la fuerza pública por neutralizar amenazas que ponen en peligro a la ciudadanía y a los propios efectivos.
Antes de este ataque mortal, Anorí había vivido episodios de violencia que impactaron la seguridad regional. En 2025, familias completas se desplazaron debido a los combates entre el Ejército y organizaciones criminales en Anorí y zonas cercanas como Amalfi, reflejando la persistente disputa por el control territorial y las rentas ilegales en el nordeste antioqueño.
El asesinato de los subintendentes Castaño Morales y Arismendy Pérez representa un nuevo episodio de violencia contra la fuerza pública en una de las áreas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del ataque.
La Policía desmanteló la banda, capturó a responsables y suspendió temporalmente locales vinculados al delito.
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