En los ocho primeros meses de 2018 han muerto 93 líderes sociales en Colombia

Los ocho primeros meses de 2018 han sido los más violentos contra los líderes sociales en Colombia desde 2010 debido al asesinato de 93 de ellos, informó hoy el centro de pensamiento independiente Fundación Ideas para la Paz.

En un informe, en el que se analizó las agresiones entre enero y agosto de los últimos ocho años, se indica que en 2000 mataron a 30 líderes, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 50.

Los casos se presentaron principalmente en ocho de los 32 departamentos del país, que concentraron el 77,5 % de los homicidios y entre los que figuran Antioquia, con 20 asesinatos, Cauca (18), Norte de Santander (8), Nariño (7), Córdoba (6), Putumayo (5), Caquetá (4) y Arauca (4).

Por municipios, el que registró el mayor número de asesinatos de líderes es Tumaco, una de las regiones del suroeste del país más afectadas por el conflicto armado, con cinco casos.

Le siguen Ituango, en Antioquia (noroeste), con cuatro muertes, y San José de Uré, en la caribeña región de Córdoba, con el mismo número.

Los expertos manifestaron que a pesar de que el homicidio de líderes sociales es la problemática más visible, existen otros tipos de agresiones como amenazas, secuestros, desapariciones, desplazamientos, agresiones a personas cercanas y tentativas de homicidio.

Las agresiones a líderes sociales también están determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52 % de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos.

En cuanto a los responsables de estos actos, se indicó que en el 58 % de los casos no se ha establecido el culpable, mientras que en el 35 % los señalamientos recaen sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales.

Por lo anterior, la Fundación Ideas para la Paz propuso diez acciones entre las que se destacan crear un registro único integrado, consolidado y actualizado que documente las agresiones y publicar periódicamente los avances que realizan las instituciones del Estado sobre las investigaciones.

También, recomendó reconocer públicamente las afectaciones de derechos humanos como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor del líder social, crear mecanismos rápidos y efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas y superar la cultura de estigmatización, entre otros. Bogotá, 1 oct (EFE)