Fernando Carrillo, procurador general de la Nación
La procuraduría abrió una investigación el pasado 11 de diciembre por el presunto desvío de recursos destinados a labores de inteligencia. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO
La Procuraduría de Colombia pidió hoy al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos para labores de inteligencia a las Fuerzas Militares del país andino por presuntos actos de corrupción.
El procurador general, Fernando Carrillo, instó al Ministerio a suspender el pago por 30 días, con el propósito de adoptar “medidas de control adicionales, previas y suficientes” para garantizar el correcto manejo de los recursos.
De igual forma, solicitó al Comandante General de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, designar un oficial “del más alto nivel” para “preservar los medios probatorios que requiera la investigación”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
La entidad hizo estas solicitudes como parte de una investigación abierta el pasado 11 de diciembre por el presunto desvío de recursos destinados a labores de inteligencia.
A esto se suma la investigación publicada ayer por la revista Semana en la que detalla la forma en la que al menos doce militares cobraban dinero a la entidad por fuentes de información falsa.
Entre los implicados se encuentra el general retirado Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien fue comandante de las Fuerzas Militares hasta 2016 y que actualmente se desempeña como embajador de Colombia en Corea del Sur.
Según el semanario, algunos militares, entre los que había oficiales y suboficiales, inventaban fuentes de información a las que les pagaban en ocasiones entre 10 y 15 millones de pesos (entre unos 3.000 y 5.000 dólares).
Tras comparar la información entregada por los militares, se encontró que los nombres de las supuestas fuentes correspondían a ciudadanos venezolanos a quienes se les pagaba 20.000 pesos (unos 7 dólares) por
poner su huella dactilar y firmar documentos en blanco.
De esta forma, detalló Semana, los militares recaudaban hasta 500 millones de pesos (unos 183.000 dólares) mensuales y lograron un total de 20.000 millones de pesos (unos 7,3 millones de dólares) en los últimos cuatro años, periodo en el que aparentemente funcionó la red de corrupción.
De igual forma, los implicados crearon un fondo de ahorro con dineros de la entidad para pagar abogados que defendieran a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, propiedades y viajes.
“En las próximas horas la Procuraduría adelantará una nueva inspección especial en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia y la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares”, concluyó la Procuraduría. Bogotá, 16 abr (EFE)
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