La Procuraduría General de la Nación apeló ante la Corte Suprema de Justicia la condena a ocho años de prisión contra el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso y otras personas por paramilitarismo.
Según la Procuraduría, Mancuso, preso en Estados Unidos, no podía recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares porque enfrenta una condena por narcotráfico.
Al mismo tiempo cuestiona que en esta sentencia se vincule al Estado con las acciones de los grupos paramilitares.
La sentencia contra Mancuso fue proferida en octubre pasado por el Tribunal Superior de Bogotá que lo consideró autor de delitos de lesa humanidad como torturas, desaparición forzada, homicidio en persona protegida y desplazamientos.
El Ministerio Público reprochó que el tribunal no toma en consideración en su sentencia el proceso que enfrenta Mancuso en Estados Unidos por narcotráfico.
El exjefe paramilitar se desmovilizó en 2005 y tres años después fue extraditado a Estados Unidos solicitado por la corte del Distrito de Columbia por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La Procuraduría solicitó, además, que se declare la nulidad de todo lo decidido a partir del contexto presentado en la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, por no estar soportado en las pruebas que fueron aportadas en las diligencias por parte de la Fiscalía sino en otras fuentes.
La Procuraduría solicitó que se revoquen en su integridad estas afirmaciones del Tribunal Superior de Bogotá.
Finalmente el Ministerio Público aclaró que “no se niega de manera alguna que haya habido personas vinculadas a la organización (paramilitar) que a su vez eran parte de las instituciones del Estado”, pero explica que por estas vinculaciones individuales no se puede concluir que el Estado es responsable también de acciones ilegales. EFE
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