La Policía Boliviana busca al máximo representante de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Juan Carlos Huarachi, y dos dirigentes cocaleros quienes fueron demandados por los daños y perjuicios que dejaron las recientes protestas contra el nuevo aplazamiento de las elecciones generales.
Los agentes policiales están movilizados para ubicar a Huarachi y los cocaleros Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez y ejecutar los mandamientos de aprehensión en su contra, explicó este miércoles el viceministro interino de Régimen Interior, Javier Issa.
“Tenemos órdenes de aprehensión contra los principales instigadores de los bloqueos, contra el señor Loza, el señor Huarachi, Andrónico Rodríguez y varios otros actores que participaron en el bloqueo a nivel nacional”, sostuvo Issa, citado en un comunicado del Ministerio de Gobierno (Interior).
Según el viceministro interino, los tres dirigentes deben brindar una declaración sobre su grado de participación en los bloqueos de carreteras que provocaron desabastecimiento de insumos médicos como oxígeno medicinal, con al menos cuarenta enfermos fallecidos, y falta de alimentos.
El Gobierno interino presentó demandas contra varios líderes sindicales, incluidos Huarachi, Loza y Rodríguez, a los que acusa por delitos como instigación a delinquir, apología pública del delito, asociación delictuosa y delitos contra la salud pública.
“La Policía se está movilizando para ubicar a esas personas implicadas. Una vez que el Ministerio Público (lo determine), la Policía tiene que ejecutar esos mandamientos”, indicó Issa.
Esas movilizaciones entre el 3 y el 14 de agosto estaban convocadas principalmente por la COB y sindicatos de campesinos e indígenas considerados afines al partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), al cual pertenecen Loza y Rodríguez.
Las protestas fueron en rechazo al nuevo aplazamiento de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, pues ya fueron pospuestas del 3 de mayo por la emergencia sanitaria ante la COVID-19.
Los bloqueos se levantaron progresivamente después de la promulgación de una ley que da margen a que las elecciones sean antes del 18 de octubre, aunque el órgano electoral, que convoca los comicios, insiste en que no es posible antes por la pandemia.
Además de las muertes por falta de oxígeno medicinal, el Gobierno interino de Bolivia denunció que los bloqueos causaron un perjuicio a la economía por unos mil millones de dólares.
El MAS promueve en el Parlamento una ley para proteger a quien sea perseguido por estas protestas, una propuesta que generó un debate político entre quienes denuncian que no existe Estado de Derecho en el país y los que critican que solo persigue la impunidad de los que alteraron el orden público.
EFE
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