La mandó a matar porque ella, de 20, le dijo a él, de 61, que ya lo veía como un padre y no como su pareja

La noche del 9 agosto de 2016, en el barrio Alcalá del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, dos sicarios en moto dieron muerte a la estudiante de cosmetología Julieth Juliana García Pérez, de 20 años de edad. La víctima fue atacada cuando llegaba a su casa después de cumplir su jornada académica.

En un trabajo mancomunado entre investigadores y familiares se logró establecer los elementos suficiente que repercutieron en que, este 9 de abril, la Fiscalía General de la Nación lograra la captura del comerciante Hernán de Jesús Moreno, de 61 años de edad y ex compañero sentimental de la mujer, como presunto autor intelectual del homicidio.

De acuerdo con la investigación, el hombre empezó a cortejar a la mujer desde que ella tenía 12 años de edad y cuando cumplió los 14, se fueron a vivir juntos. Luego de algunos años de convivencia, la víctima le habría expresado a su compañero que ya no quería continuar con la relación afectiva porque ya no lo veía como su pareja sino como un padre, y dieron por terminada la convivencia. Varios meses después, y ante la insistencia del hombre, la pareja decidió darse otra oportunidad.

Los investigadores determinaron que tres meses antes del homicidio, el presunto agresor comenzó a presionar a la joven y amenazó con matar a un conocido de ella que residía en el oriente antioqueño, por una supuesta infidelidad.

Se evidenció además que el 9 de junio de 2016, el investigado trató de lanzar a la muchacha desde el piso 27 de un edificio pero ella lo golpeó en los genitales y huyó del lugar.

Según los familiares de la ahora occisa, el 5 de agosto de 2016, es decir, cuatro días antes del homicidio, dos hombres llegaron hasta la casa de la joven con el pretexto de cobrarle una supuesta deuda de 10 millones de pesos. También relataron que el 8 de agosto de 2016, el presunto victimario los contactó para verificar dónde estudiaba la joven y cuáles eran sus horarios.

Estos y muchos otros indicios obtenidos por la Fiscalía, permitieron imputar al supuesto agresor el delito de homicidio agravado en calidad de determinador.

El procesado no aceptó cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento intramuros por el Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.