La fiscal venezolana no irá a su juicio en el Supremo y dice que no lo reconoce

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que no asistirá a la sesión de antejuicio de mérito en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que el proceso que se ha abierto es una violación de la legislación con el objetivo de anular al Ministerio Público.

“Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo en una comparecencia desde la sede de la Fiscalía.

“Ya sabemos que en el día de hoy va a operar mi remoción y no solo a mi sino también al vicefiscal (Rafael González)”, señaló la funcionaria que dijo que desconoce a la vicefiscal que designó hoy el Supremo, Katherine Harrington.

Aseguró que no va a “convalidar un circo” que va a teñir la historia de Venezuela de “vergüenza y dolor” pues la “decisión está cantada” por lo que reiteró: “No los reconozco”.

Asimismo, señaló que solo tuvo acceso a su expediente el jueves pasado y que sus defensores solo pudieron asistir al Supremo a introducir una recusación del proceso en su contra esta mañana y que, de inmediato, los magistrados la declararon inadmisible.

Ortega indicó que con este acto del Supremo “quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular” y aseguró que la violencia no solo se observa con la agresión de manifestantes en la calle, sino también en “las acciones de las instituciones” que “perjudican a la colectividad”.

“Lo cierto es que a partir de esas apresuradas y defectuosas actuaciones de ese cuerpo judicial la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder que se escudan en las fuerzas coercitivas del Estado para contener el descontento popular”, agregó.

Insistió en que existe un “desborde de represión hacia el pueblo que reclama derechos” y que a los cuerpos policiales se han incorporado supuestos “grupos armados” para “atemorizar con armas de fuego a la población que se mantiene en la calle por el hambre y por la carencia de medicinas”.

“Después de los términos en que se ha abierto este proceso en mi contra, en contra de esta institución, es claro que el Tribunal Supremo perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la ultima institución capaz de proteger a las personas manifestantes que reclaman sus derechos”, afirmó.

También dijo lamentar que el diputado chavista que solicitó su antejuicio, Pedro Carreño, no hubiese sido diligente en pedir este proceso contra “los responsables de la escasez de alimentos o de medicinas, a los que violan los derechos humanos”.

Señaló que este no es el procedimiento legal para procesar a una alta funcionaria como ella y apuntó que, si esto fuese legal, “entonces cualquier ciudadano está investido de autoridad para solicitar antejuicio de mérito contra cualquier funcionario, sea este por drogas”.

“Yo no he cometido delitos ni faltas, pero además, aun así yo no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegitimo”, recalcó.

Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 90 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía. EFE